Seleccionar página

Licencia de armas(Portación)

Requisitos para Solicitar la Licencia de Portar Armas (Portación)

El peticionario deberá demostrar que razonablemente teme por su seguridad.

Tener Licencia de Armas vigente y válida

Copia de la Licencia de Armas (legible) y a color (3 copias).

Petición (Original) con recibo del superintendente del Comprobante de Rentas Internas de $250.00, para Portación de Armas. Debe entregar el mismo en la División de Licencias de Armas de la Policía y obtener el recibo para ser sometido al Tribunal de Primera Instancia en unión a la Petición de Portar Armas.

Certificado de Adiestramiento en el uso y manejo de armas de fuego emitido por un Club de Tiro (original), no más de 30 días de emitido.

Certificado negativo de Antecedentes Penales con no más de 30 días de expedido.

Certificación negativa de ASUME con no más de 30 días de expedidos.

Certificación negativa del Departamento de Hacienda o Colecturía de deuda contributiva.

Certificación Radicación de Planillas Últimos cinco (5) años.

Certificación negativa del CRIM.

Declaraciones Juradas de:

Cónyuge o compañero consensual,

Tres (3) testigos: Declaración de Autenticidad (No parientes del peticionario),

Juramento de la petición por el peticionario.

Cuatro (4) fotografías recientes tamaño 2” X 2” a color.

Certificación Médica (provista)

Sello de Rentas Internas; Petición; y Resolución del Tribunal.

Solicitud cambio de categoría.

 

QUE CONSTITUYE LEGITIMA DEFENSA????

En Puerto Rico, rige actualmente en materia de legítima defensa de la persona el Artículo 22 del Código Penal, 33 LPRA sec. 3095, cuyo texto establece en lo pertinente:

«No incurre en responsabilidad el que defiende su persona, sus bienes o derechos, o su morada, o la persona, bienes o derechos, o morada de otros en circunstancias que hicieren creer razonablem

ente que se ha de sufrir un daño inminente, siempre que hubiere necesidad racional del medio empleado para impedir o repeler el daño, falta de provocación suficiente del que ejerce la defensa, y no se inflija más daño que el necesario al objeto.

Para justificar el dar muerte a un ser humano, cuando se alegue legítima defensa, es necesario tener motivos fundados para creer que al dar muerte al agresor se hallaba el agredido o la persona defendida en inminente o inmediato peligro de muerte o de grave daño corporal….»

La concurrencia de los siguientes requisitos es indispensable para que progrese la legítima defensa de la persona en los casos en que se ha producido la muerte del agresor: (1) que la persona tenga una creencia razonable de que se ha de sufrir un daño inminente; (2) que haya necesidad racional del medio utilizado para impedir o repeler el daño; (3) que no haya provocación de quien invoca la defensa; (4) que no se inflija más daño que el necesario para repeler o evitar el daño; y (5) que la persona tenga motivos fundados para creer que al dar muerte al agresor se hallaba en inminente o inmediato peligro de muerte o de grave daño corporal. D. Nevárez Muñiz, op. cit., págs. 227-228.

En esencia, «las circunstancias que concurran para justificar la defensa propia deben ser suficientes para excitar el temor de una persona razonable.» Pueblo v. González Román, Op. de 4 de febrero de 1992, 129 D.P.R. ___ (1992), 92 J.T.S. 17, pág. 9217; Pueblo v. De Jesús Santana, 100 D.P.R. 791, 798 (1972).

Esto se refiere propiamente al criterio de la persona prudente y razonable. Pueblo v. González Román, supra, pág. 9218. A base de este criterio objetivo, se juzga el temor de determinada persona comparándolo con el de una razonable, de ordinaria prudencia o un buen padre o una buena madre de familia. El marco de comparación es con aquella persona que «[s]abe todo lo que es de conocimiento corriente en la comunidad», lo cual permite que este conocimiento común se le impute a cualquiera otra. J.A. Cuevas Segarra, La Responsabilidad Civil y el daño extracontractual en Puerto Rico, Publicaciones J.T.S., Estados Unidos de América, 1993, pág. 89. El instituir este criterio como patrón o modelo necesariamente «varía según los tiempos y lugares, según las circunstancias históricas y la comunidad de que se trate». J. Echeverría, Lecciones Preliminares de Teoría General del Derecho y del Cambio Social, 55 Rev. Jur. U.P.R. 371, 446 (1986).

Quien invoca esta defensa ha de creer, al igual que una persona prudente y razonable, que se sufrirá un daño en el futuro inmediato o que el mismo se está llevando a cabo. Esta creencia en cuanto a sufrir un daño inminente es menester interpretarla conjuntamente con el último requisito enumerado. Necesariamente ha de existir una creencia razzonable de que se está ante un inminente peligro de muerte o de grave daño corporal para justificar el dar muerte al agresor. Ilustra la profesora Nevárez Muñiz:

«[L]o importante no es si el que invoca la defensa estaba en verdadero peligro de perder su vida o de sufrir grave daño, sino ‘si las circunstancias eran tales que inducían a una persona prudente a creer que su persona estaba expuesta a tal peligro y racionalmente podía así creerlo y tenía suficiente causa para estimarlo’.» D. Nevárez Muñiz, loc. cit. (Enfasis suplido.)

Es preciso recordar que aunque la conducta de quien invoca la defensa ha de ser la de una persona prudente y razonable, ante un peligro repentino e inminente que requiera acción inmediata, dicha conducta no puede ser pesada en balanzas muy sofisticadas. Pueblo v. González Román, supra, pág. 9217; Pueblo v. De Jesús Santana, supra.

Deben tomarse en consideración «la gravedad del ataque, la naturaleza o importancia del bien que se tutela y las condiciones personales de las partes» al evaluar la necesidad racional del medio utilizado para impedir o repeler el daño. D. Nevárez Muñiz, op. cit., pág. 231. De ahí que el medio utilizado sea imprescindible de acuerdo a la naturaleza y a la importancia del bien jurídico tutelado. Ibid., pág. 232.

Por otra parte, atiende a la proporcionalidad el que una persona no inflija más daño que el necesario para repeler o evitar el daño. «La cuestión de la proporcionalidad a lo que está relacionada es a la gravedad del daño que se ocasiona por el que invoca la legítima defensa; daño en proporción a la inminencia del daño original que se intenta repeler.» Ibid. El aspecto de la proporcionalidad, por no tener base matemática alguna, pone de manifiesto la imposibilidad de utilizar juicios de precisión al juzgar la conducta de una persona que se defiende. «Muchas veces la acción es tan rápida y tan inesperada, que el sujeto agredido no tiene más salida que actuar con la velocidad que sus reflejos le permiten.» Ibid.

El invocar la defensa no requiere que la persona retroceda hasta colocarse en una posición de indefensión. Pueblo v. González Román, supra; Pueblo v. De Jesús Santana, supra. Es suficiente demostrar que esta persona no ha provocado al agresor para que le sea permitido beneficiarse de esta defensa.

Todos los derechos reservados 2019

Estudio Jurídico Fornaris

Correo Electrónico
pfornaris@hotmail.com

 

 

Estudio Jurídico Fornaris

Urb. Villa María, D-1
Suite #4
Manatí, P.R. 00674

Teléfono

(787) 567-0006

Diseñado por: Fast Digital Media

Página de Fans

Síguenos en Facebook